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Las crisis económicas internacionales, desde la Gran Depresión de 1929 hasta el preludio de recesión que enfrentamos en 2025, revelan un patrón de intervencionismo estatal y manipulación monetaria. Este artículo explora estos eventos, desde las políticas de Woodrow Wilson hasta la segunda administración de Donald Trump, con un enfoque en cómo las decisiones gubernamentales y de banca central han moldeado la economía global.



La Gran Depresión de 1929: Las Raíces del Desorden Monetario


La Gran Depresión tuvo sus primeros pasos bajo Woodrow Wilson, quien instauró la Reserva Federal y el impuesto progresivo —medidas que requirieron enmiendas constitucionales— junto con un aumento del gasto público.


Warren Harding y Calvin Coolidge intentaron revertir esta tendencia, pero Herbert Hoover y Franklin D. Roosevelt la intensificaron. Los acuerdos de Génova y Bruselas en los años 20 abandonaron el patrón oro por un sistema de reservas en dólares con tipo de cambio fijo, pero sin reclamar el oro, desatando una indisciplina monetaria. 


El boom de los años 20 dio paso al crack de 1929. Roosevelt agravó la crisis con más gasto, deuda y regulaciones, llevando a 14 millones al desempleo antes de la Segunda Guerra Mundial. Harry Truman corrigió parcialmente estos excesos, reduciendo el gasto y eliminando controles de precios, apoyado por el comercio posguerra.


Hasta aquí es posible identificar que la crisis es consecuencia de inyectar dinero sin valor subyacente, este desorden monetario lleva al crecimiento de un gobierno todopoderoso, alejado de la herencia de los padres fundadores de Estados Unidos (gobierno limitado, propiedad privada, mercado abierto).


La Crisis Financiera Moderna: Un Legado de Intervencionismo

La crisis financiera reciente, desde 2008 hasta las tensiones actuales, refleja errores similares bajo cinco administraciones:


Bill Clinton (1993-2001): Su legado económico quedó marcado por la burbuja puntocom, cuyo colapso inició al final de su mandato. Aunque se le critica por derogar la Ley Glass-Steagall en 1999, fue la política de tasas bajas de la Reserva Federal la que alimentó la especulación bursátil.


George W. Bush (2001-2009): Elevó la deuda al 85.6% del PIB con recortes fiscales y gasto militar, mientras tasas bajas de la Reserva Federal y hipotecas subprime (respaldadas por Freddie Mac y Fannie Mae) inflaron una burbuja inmobiliaria. Los "bailouts" de 2008, una transferencia inmoral a corporaciones ineficientes, consolidaron la crisis.


Barack Obama (2009-2017): Heredó una economía en caída, aumentando el déficit al 9.8% del PIB y la deuda al 105%. Estímulos como el American Recovery and Reinvestment Act y el QE2 ($600,000 millones) distorsionaron precios, mientras Dodd-Frank añadió regulaciones.


Donald Trump (2017-2021): Impulsó el crecimiento con la Tax Cuts and Jobs Act de 2017, pero la deuda alcanzó el 129% del PIB, agravada por estímulos pandémicos. 


Joe Biden (2021-2025): Con el American Rescue Plan ($1.9 billones) y la Inflation Reduction Act, la inflación llegó al 9.1% en 2022. La Reserva Federal subió tasas, y Biden revirtió desregulaciones de Trump.


Recesión Técnica de 2022


A inicios del 2022 la oficina de estadísticas laborales anunciaba una recesión técnica después de dos trimestres consecutivos con un retroceso del 1,6% en el PIB. La recuperación fue rápida, pues en ese momento se fortalecieron las sanciones económicas hacia Rusia que se tenían en 2014 por la tensión en Crimea, ampliándose en el marco de la Guerra Ruso-Ucraniana. Esto permitió un aumento en las exportaciones de gas natural licuado (GNL) a Europa, como se muestra en el gráfico.




Estrategia de Trump en 2025


Los analistas Lorenzo Ramírez y Alberto Mera han planteado una hipótesis audaz sobre las intenciones económicas de Donald Trump: inducir una recesión controlada con el propósito de debilitar el dólar y así aliviar las tensiones derivadas de una deuda pública que supera los $34 billones, según datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. 


Ramírez ve una "guerra de divisas" que aliviaría la presión fiscal y potenciaría exportaciones, usando la inflación para diluir la deuda, aunque esto erosionaría el poder adquisitivo de hogares y pymes. Mera añade que fomentaría un giro de capitales de acciones a bonos soberanos, bajando tasas de interés y abaratando el endeudamiento. Ambos advierten que un dólar débil arriesga su estatus como moneda de reserva, mientras la inflación golpea a los más vulnerables, planteando un dilema entre beneficios fiscales y costos sociales.


Consecuencias de la especulación

La inestabilidad, afecta desproporcionadamente a pequeños inversores, quienes pierden frente a grandes actores que mantienen su estatus en la medida en que la deuda crece. La banca central, distorsiona los precios relativos, lo que conlleva una manipulación de la masa monetaria. 


Liberar la moneda del control estatal, dejando a las personas elegir activos monetarios (oro, criptomonedas, etc.), es un proceso complejo y con fuertes consecuencias a nivel social. De lo contrario la recesión económica buscará acomodar naturalmente la economía después de los momentos de éxtasis keynesianos de deuda que simulan crecimientos artificiales en la economía. 


El endeudamiento estructural en el que se encuentra Estados Unidos, y el planeta, desencadenará en una confiscación de los que no tienen ingresos y perjudicará a aquellos que por ignorancia o ingenuidad no tomen acciones preventivas que disminuyan el golpe.  


Conclusión

La historia económica del último siglo revela que cada crisis no es solo el resultado de errores técnicos, sino el juicio natural sobre un sistema construido sobre el engaño. La expansión de dinero sin respaldo, la deuda perpetua y el intervencionismo estatal son intentos humanos de simular prosperidad sin obedecer los límites morales y creacionales establecidos por Dios.


Un sistema basado en inflación y crédito fácil transfiere riqueza de forma injusta, castiga el ahorro, destruye la responsabilidad individual y fortalece estructuras centralizadas que actúan como dioses modernos. Pero toda estructura erigida sobre mentira y robo está condenada a colapsar.


La solución no es más intervención, sino el arrepentimiento social: restaurar una economía de leyes justas, moneda honesta y autoridad limitada. Una economía moral exige que el peso del dinero no sea manipulado, que los contratos sean respetados y que cada persona rinda cuentas directamente ante Dios como administrador de los bienes recibidos.


Mientras se niegue este orden, las recesiones seguirán funcionando como recordatorios providenciales de que no se puede violar la ley moral de Dios sin consecuencias. La verdadera reforma no será técnica, sino espiritual y ética, comenzando por reconocer que la libertad económica es inseparable de la verdad.


Aquí hemos diseñado un glosario para que te familiarices con algunos conceptos expuestos en este artículo.

 
 
 

En su último discurso como presidente de la federación nacional de departamentos, Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, se presentó nuevamente como un defensor de la descentralización. Amaya planteó que la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) era el gran legado de este gobierno.



Según él, esta reforma empodera a las regiones de Colombia, aún cuando dicha reforma acelera la quiebra del Estado. Amaya también resaltó en su discurso, el esfuerzo del presidente Gustavo Petro en "ceder ciertos poderes" para fortalecer departamentos y municipios. 


Sin embargo, un análisis detenido de la agenda legislativa del gobierno revela una contradicción: lejos de promover la descentralización, las prioridades del Ejecutivo están enfocadas en consolidar el poder central. 


Este artículo examina esta discrepancia, explorando el contexto de la reforma al SGP, las verdaderas intenciones del gobierno y las implicaciones para la autonomía regional y la democracia en Colombia. En VerdaderaMente iniciamos nuestras labores explicando de forma sencilla qué es un acto legislativo y porqué este es insostenible en términos económicos. 


La Fachada de la Descentralización

El discurso de Amaya destaca la reforma al SGP, aprobada en diciembre de 2024, como un avance histórico hacia la autonomía regional. Esta reforma incrementa la transferencia de recursos a las regiones del 25% al 39.5% de los ingresos corrientes (1) de la nación en un plazo de 12 años, siendo el cambio más significativo en este ámbito en tres décadas. A simple vista, parece un paso firme hacia la descentralización, al dotar a los gobiernos locales de mayores recursos para atender sus necesidades.


Sin embargo, este aumento en los fondos carece de un componente esencial: la Ley de Competencias. Esta ley, que debe definir las responsabilidades y poderes específicos de los gobiernos locales, es crucial para que el incremento presupuestal se traduzca en una autonomía efectiva. Sin ella, más dinero no equivale a más poder de decisión, dejando a las regiones en una posición de dependencia frente al gobierno central.


Así mismo, podría darse el caso de dobles competencias, lo que recaería aún más fuerte en los bolsillos de los colombianos, pues se financiará dos veces al Estado, a nivel nacional y departamental. 


Las Verdaderas Prioridades del Gobierno

Con la llegada de Armando Benedetti al ministerio del interior las prioridades legislativas del gobierno son previsibles.


Armando Benedetti visita el congreso de la república tras ser anunciado como Ministro del Interior.
Armando Benedetti visita el congreso de la república tras ser anunciado como Ministro del Interior.

Benedetti es un operador político clave para negociar con los partidos tradicionales que cuentan con los votos faltantes para aprobar reformas del gobierno, especialmente en el Senado.


Reformas clave como la reforma política, la reforma a la justicia y la reforma tributaria de 2025 muestran un patrón claro de centralización de poder:


Reforma Política: Este proyecto introduce financiamiento estatal para campañas electorales y listas cerradas, lo que podría reconfigurar el sistema de partidos en favor de la coalición gobernante. Al centralizar el control sobre el financiamiento político y la selección de candidatos, el gobierno podría influir directamente en los resultados electorales, reduciendo la autonomía de las dinámicas políticas regionales.


Reforma a la Justicia: Presentada como una medida para reducir la impunidad y agilizar los procesos judiciales, esta reforma también podría alinear el sistema judicial con los intereses del Ejecutivo. Al modificar la composición y funcionamiento de los tribunales, el gobierno podría garantizar fallos que respalden sus políticas, debilitando la independencia judicial.


Reforma Tributaria 2025: Esta propuesta busca aumentar la recaudación centralizada para financiar proyectos insignia del gobierno. Al hacerlo, refuerza la dependencia fiscal de las regiones respecto al centro y limita su autonomía financiera, contradiciendo el espíritu descentralizador que se promueve.


Estas iniciativas llevan a un fortalecimiento de la autoridad central sin considerar las necesidades regionales. 


La Ley de Competencias: Una Prioridad Relegada

Aunque la reforma al SGP ya es una realidad, la Ley de Competencias —que debe promulgarse entre 2025 y 2026— parece estar en un segundo plano en la agenda del gobierno.


Esta ley es indispensable para que las regiones puedan ejercer plenamente las competencias que les permitan aprovechar los recursos adicionales. Sin embargo, su baja prioridad refleja las tensiones entre el discurso descentralizador y las acciones del Ejecutivo:


Estrategia Política: Apoyar públicamente la reforma al SGP mientras se posterga la Ley de Competencias permite al gobierno proyectar un compromiso con la descentralización sin ceder poder real. Esta táctica puede calmar temporalmente a líderes regionales como Amaya, pero podría generar desencanto a largo plazo.


Limitaciones Políticas y Fiscales: Con presiones fiscales y un Congreso dividido, el gobierno enfrenta restricciones para impulsar una ley que complique la gobernanza central. En este contexto, prioriza reformas que refuercen su poder directo en lugar de iniciativas que lo distribuyan.


Implicaciones para la Autonomía Regional y la Democracia

La brecha entre la retórica descentralizadora y las prioridades centralizadoras del gobierno tiene consecuencias profundas:


Erosión de la Autonomía Regional: Sin la Ley de Competencias, el aumento de fondos a las regiones no garantiza una gobernanza efectiva, perpetuando su subordinación a las directrices centrales.


Riesgo de Retroceso Democrático: La centralización del poder a través de reformas políticas y judiciales debilitan los contrapesos institucionales, afectando la salud democrática de Colombia.


Tensiones Políticas: Líderes regionales que apoyaron inicialmente la reforma al SGP se volverán críticos al percibir la falta de descentralización real, lo que podría desencadenar conflictos entre el centro y las regiones. Esto se ha venido dando en el caso del gobernador de Antioquia. 


Consecuencias

El costo político de la estrategia de Petro es la consolidación de un sistema clientelista (2) que debilita la democracia y perpetúa las prácticas que prometió erradicar. Colombia tiene un sistema de partidos débil y fragmentado, donde los partidos tradicionales (Liberal, Conservador y de la U) dependen de la plata pública y las prebendas del gobierno para sobrevivir. 


Benedetti, al repartir el botín del Estado (puestos, contratos y recursos públicos), está reforzando un modelo donde los partidos pierden su ideología y se convierten en maquinarias electorales. Esto no solo ahoga la innovación política, sino que también margina a nuevos actores que podrían ofrecer alternativas frescas y programáticas. A medida que el poder se personaliza, las instituciones se debilitan y se abre la puerta al autoritarismo. 


Petro, al depender de Benedetti para negociar con los partidos tradicionales, debilita las instituciones, que de por sí son frágiles, lo que lleva a la ciudadanía a desconfiar de la clase política.


Conclusión

La defensa de Carlos Amaya por la descentralización a través de la reforma al SGP es un desarrollo retórico para su proyección política, pero no se le puede considerar como realmente interesada en una autonomía regional real. Además porque el partido verde, del gobernador Amaya, está en proceso de escisión para intentar renovar su cara estatista con una ciudadanía sofocada por la magnitud del Estado. 


En esto la ciudadanía debe superar la apatía natural que generan estos complejos escenarios políticos, y esforzarse en cuestionar la coherencia de los gobernantes, pues hasta el momento son contados los que están dispuestos a un gran recorte del Estado. 


El desarrollo regional de Colombia continúa relegado, y la ley de competencias es un asunto menor para el gobierno central. Desde VerdaderaMente trabajamos para brindar herramientas que conduzcan a una reducción sustancial del Estado, y que en algún momento de nuestra historia, aspiremos a no esperar más leyes y “soluciones estatales”, sino a derogar aquellas que condenan a nuestros territorios a la violencia y la corrupción, pues la fórmula “más Estado, menos libertad”, fracasó. 


(1) Los ingresos corrientes de la Nación son el dinero que el gobierno recibe de manera regular para financiar su funcionamiento y servicios públicos, sin necesidad de endeudarse. Incluyen principalmente:✅ Impuestos (IVA, renta, gasolina, etc.)✅ Contribuciones (pagos a la seguridad social)✅ Rentas de empresas estatales (como Ecopetrol)

Son diferentes a los ingresos de capital, que provienen de préstamos o venta de activos.

(2)Un sistema clientelista es una forma de hacer política donde los gobernantes o políticos dan favores, empleos o beneficios a ciertas personas o grupos a cambio de apoyo, usualmente en forma de votos.

 
 
 

El sistema de salud en Colombia ha tenido cambios importantes desde 1950, pasando de un modelo básico a uno más estructurado, con desafíos persistentes. Aunque la cobertura ha aumentado significativamente, la crisis actual revela graves fallas en la gestión gubernamental, que han llevado a un sistema ineficiente y con problemas de acceso y calidad.




A inicios de 2024 se publicó el estudio "Desarrollo del sistema de salud colombiano desde 1950 hasta el año 2021" del cual utilizaremos sus elementos principales en el presente análisis, en especial la segmentación histórica que hacen del sistema de salud como un acumulado de acontecimientos.


El proceso de la salud


1. Ministerio de Salud Pública (1946-1970): En esta etapa, el sistema era limitado y dependía de los usuarios o de instituciones de caridad, dejando a muchas personas sin acceso a servicios de salud. Las instituciones creadas, como la Caja Nacional de Previsión y el ICSS, no lograron una cobertura amplia ni equitativa.


2. Sistema Nacional de Salud (1970-1992): Se intentó mejorar la cobertura, pero el financiamiento fue insuficiente. Solo el 31% de la población tenía acceso a servicios de salud, y los subsidios del gobierno no cubrían la demanda, especialmente en zonas rurales y para personas de bajos ingresos.


3. Sistema de Seguridad Social Integral (1993-2021): La Ley 100 de 1993 introdujo los regímenes contributivo y subsidiado, ampliando la cobertura al 97% de la población. Sin embargo, la gestión gubernamental ha sido deficiente, lo que ha generado problemas de acceso, calidad y financiamiento.


Panorama crítico


El sistema de salud colombiano enfrenta una crisis profunda. Aunque la cobertura es amplia, el acceso a servicios de calidad es limitado. Las barreras geográficas, la falta de especialistas y los retrasos en la atención son comunes. Además, el sistema está en quiebra técnica: las deudas con las IPS superan los $18.9 billones, y las EPS enfrentan problemas financieros graves. El uso excesivo de tutelas para garantizar el acceso a servicios refleja la ineficiencia del sistema.


El papel del gobierno ha sido inadecuado. La falta de transparencia, la corrupción y la mala gestión han llevado a un sistema insostenible. Aunque el Estado ha intentado ampliar la cobertura, no ha garantizado una gestión eficiente de los recursos. Los subsidios y contratos con EPS e IPS han sido mal administrados, generando deudas y desconfianza en el sistema.


La crisis actual evidencia el fracaso del gobierno en garantizar acceso y calidad. La falta de transparencia, la corrupción y la mala gestión han llevado a un sistema insostenible.


Un problema pasado que crece en el presente


Algunos que respaldan la actual reforma a la salud argumentan que la crisis presente es heredada, lo cual es cierto, sin embargo hay nuevos factores que influyen en responsabilizar al actual gobierno de las fallas en el sistema.


En principio las deficiencias en el cálculo de la UPC. La UPC, que es el monto que el Estado paga a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado para cubrir los servicios de salud, no es suficiente para cubrir los costos reales de los servicios y tecnologías del Plan de Beneficios en Salud (PBS). Esto se debe a que la metodología de cálculo de la UPC no tiene en cuenta variables clave como la inflación, la siniestralidad (costos de atención médica superiores a los ingresos), y las inclusiones de nuevos servicios y tecnologías.


Existe un rezago en el cálculo con información de dos años atrás, lo que genera un desfase entre los costos reales y los recursos asignados. Este rezago se ha agravado desde la pandemia de COVID-19, que incrementó las frecuencias de uso de los servicios de salud y los costos asociados.


El Ministerio de Salud destinó el 5% de la UPC para financiar los (Equipos básicos de salud) EBS, lo que redujo aún más los recursos disponibles para cubrir los servicios del PBS. Esto ha sido considerado inconstitucional por la Corte, ya que fracciona la UPC y afecta su suficiencia.


Hasta ahora hemos mencionado múltiples problemáticas alrededor del sistema de salud. La más apremiante, sin reducir el impacto de las mencionadas, es la de los presupuestos máximos o prestaciones excepcionales, gestionados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) , que buscan financiar servicios y tecnologías no cubiertos por la UPC, como medicamentos y tratamientos para enfermedades raras o de alto costo, así como servicios sociales complementarios, para atender necesidades excepcionales de la población.


A pesar del incremento del 146.6% en el presupuesto para 2025, que alcanzó los $1.870 mil millones frente a los $758 mil millones de 2024, el desfinanciamiento persiste: los $502 mil millones asignados apenas cubren 1.62 meses de los $310 mil millones mensuales requeridos, dejando un déficit de más de 10 meses y una deuda histórica que supera los $2.9 billones.


Esta situación genera una presión insostenible sobre las EPS y prestadores, pone en riesgo la atención a pacientes vulnerables y subraya la necesidad imperiosa de reformas estructurales profundas para garantizar la sostenibilidad, equidad y calidad del sistema de salud en el país.


Salidas de la crisis


En Colombia es relevante dejar de considerar al Estado "garantista" como la solución a crisis estructurales como la que vive el sistema de salud. Bajo el actual sistema la declaratoria de Estado de cosas inconstitucional (ECI) quedará sin función pues no hay voluntad política por parte del gobierno nacional de disminuir su poder sobre este sector salud ni sobre ningún otro sector.


Es por esa razón que desde verdaderamente consideramos urgente proposiciones que se contrapongan a la actual reforma a la salud en curso en la cámara de representantes, y la concepción tradicional del sistema de salud con las siguientes propuestas:


  1. Descentralización y autonomía regional


Propuesta: Transferir la gestión del sistema de salud a las regiones o departamentos, permitiendo que cada territorio diseñe y administre sus propios sistemas de salud según las necesidades específicas de su población.


Beneficio: Esto reduciría la burocracia centralizada y permitiría una mayor adaptabilidad y eficiencia en la prestación de servicios, fomentando la competencia entre regiones para ofrecer mejores servicios.


2. Privatización parcial o total de las EPS


Propuesta: Permitir que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) operen en un mercado abierto y competitivo, sin subsidios estatales, y que los usuarios elijan libremente la EPS que mejor se adapte a sus necesidades.


Beneficio: La competencia entre EPS privadas incentivaría la mejora en la calidad de los servicios, la reducción de costos y la innovación en la atención médica. Para ello es necesario desmitificar el sentido de ánimo de lucro en el sector salud como algo inmoral.


3. Cuentas de ahorro en salud individuales


Propuesta: Implementar cuentas de ahorro en salud (similar a los modelos de Singapur o Chile), donde los ciudadanos puedan ahorrar dinero para gastos médicos futuros, con incentivos fiscales para contribuciones voluntarias.


Beneficio: Esto facultaría a los individuos para gestionar sus propios recursos de salud, reduciendo la dependencia del Estado y fomentando un uso más eficiente de los servicios médicos.


4. Eliminación de barreras regulatorias


Propuesta: Reducir las regulaciones excesivas que limitan la entrada de nuevos proveedores de servicios de salud, como clínicas, hospitales y aseguradoras privadas.


Beneficio: Un mercado más abierto atraería inversión privada, aumentaría la oferta de servicios y reduciría los costos para los usuarios.


5. Reforma del sistema de UPC (Unidad de Pago por Capitación)


Propuesta: Eliminar la UPC como mecanismo centralizado de financiación y reemplazarla por un sistema de subsidios directos a los usuarios de bajos ingresos, quienes podrían elegir libremente entre diferentes planes de salud privados.


Beneficio: Esto reduciría la corrupción y el mal manejo de recursos, al tiempo que garantizaría que los subsidios lleguen directamente a quienes más los necesitan.


Conclusión


Es posible que el sistema de salud colombiano sea más eficiente, competitivo y centrado en el individuo. Al reducir la intervención estatal, fomentar la competencia y empoderar a los ciudadanos, se podría superar la crisis actual y construir un sistema sostenible que garantice acceso y calidad para todos. Lo anterior sin dejar de reconocer que la solidaridad no puede ser impuesta, y que se pueden consensuar acuerdos voluntarios para la protección de los más vulnerables, donde aún ellos puedan elegir en donde ser atendidos.


A si mismo, esto provocaría una liberalización de los esfuerzos que realizan fundaciones, iglesias, y asociaciones voluntarias que dejan de recibir los apoyos y esfuerzos necesarios en favor de los más vulnerables pues el Estado aglomera todas sus funciones. Entre menos cargas tributarias tienen los individuos y las empresas, más posibilidades de apoyo a tipos de iniciativas de ayuda al prójimo.


Es un gran desafío para el país buscar esta eliminación de funciones estatales, pero es posible encontrar acuerdos sustanciales que alivien las circunstancias a las que hoy muchos deben someterse por las incapacidades estatales en la administración de la salud.

 
 
 
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