- verdaderamenteofic
- 25 ago 2025
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El presente análisis examina la crítica situación de seguridad en Colombia, una década después del Acuerdo de Paz con las FARC. A pesar de haber sido presentado como el camino hacia la reconciliación, el proceso, que ignoró el rechazo de la ciudadanía en el plebiscito de 2016, ha desembocado en una crisis de violencia sin precedentes.
Este texto argumenta que la imposición de este acuerdo y sus derivaciones, como la actual política de "Paz Total", han debilitado al Gobierno Civil, legitimando a grupos criminales y priorizando la impunidad sobre el orden y la justicia. El resultado es un país donde la seguridad se desploma y la retórica de la "paz" ha servido como un pretexto para el avance del crimen organizado y la pérdida de control territorial.
El Legado del Acuerdo de Paz: Impunidad y Caída de la Seguridad
En octubre del próximo año se cumplirá una década del plebiscito sobre los acuerdos con las FARC, una política que, pese al rechazo mayoritario de los colombianos en las urnas, fue impuesta por el gobierno de la época y le valió a su presidente el Nobel de Paz. Este reconocimiento, hoy inscrito en los libros de historia, parece cada vez más desconectado de la realidad. A casi diez años, la percepción de seguridad se desploma ante la ofensiva de grupos narco-terroristas en Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Caquetá, muchos de ellos disidencias de aquel proceso y otros fortalecidos por el vacío de autoridad que éste dejó.
El Andamiaje Ideológico: "Seguridad Humana"
El andamiaje ideológico detrás de los acuerdos de La Habana y sus derivaciones, como la actual política de "Paz Total", es el concepto de "seguridad humana" promovido por organismos burocráticos internacionales como el PNUD.
Esta doctrina subordina el deber primordial del gobierno civil —garantizar el orden y la justicia, defendiendo la vida, libertad y propiedad privada— a una agenda de redistribución y reparación, buscando en el papel solucionar el problema de la pobreza, el cual paradójicamente se resuelve entre más libertad y garantías de seguridad se tengan en las zonas más afectadas por la violencia .
En la práctica, esto se traduce en excusar la violencia criminal y debilitar la capacidad coercitiva del gobierno civil.
Fallas en la Implementación del Acuerdo de 2016
En el contexto colombiano, este enfoque se materializó en el Acuerdo de 2016, que prioriza una costosa Reforma Rural Integral, la entrega de curules a excombatientes y la creación de una justicia paralela. El objetivo no fue la rendición de las FARC, sino la legitimación de su agenda política y la transformación del modelo económico y social del país, culpando a la ausencia estatal y a la estructura de la propiedad de la tierra por décadas de terrorismo, teniendo por solución la expansión del gobierno civil a regular cada aspecto de la vidad de los ciudadanos.
Casi una década después, el resultado era predecible: el enfoque ha fracasado rotundamente. La implementación ha sido un derroche de recursos públicos, agravado por la persistencia de la violencia armada y la evidente falta de voluntad de paz de muchos de los firmantes.
Consecuencias de la Justicia Paralela y la Inseguridad
Los informes de la ONU, que insisten en la validez del Acuerdo, ignoran que los problemas estructurales del país, como la pobreza rural, no se resuelven con expropiaciones o subsidios, sino con seguridad, respeto a la propiedad privada y libertad económica. La adjudicación de tierras, presentada como un logro, genera incertidumbre jurídica y desincentiva la inversión, mientras que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha consolidado como un sistema de impunidad que garantiza beneficios a los peores criminales a cambio de confesiones inverificables, ofendiendo la memoria de sus víctimas.
La violencia contra líderes sociales, el asesinato de un precandidato presisencial y el temor de los ciudadanos es una consecuencia directa de un gobierno civil que ha renunciado a su principal deber: garantizar la seguridad a través del monopolio de la fuerza.
El Camino hacia la "Paz Total"
Políticamente, el declive era inevitable. La ciudadanía rechazó el acuerdo en el plebiscito de 2016 precisamente por su escepticismo ante la impunidad.
El gobierno de Iván Duque (2018-2022) pensó que con obstrucciones al acuerdo de La Habana, ya incluido en el andamiaje legal, podría retornar al deber de proveer seguridad a los ciudadanos, sin embargo no le fue suficiente, y en su pasividad dejó el camino para la llegada de un ejecutivo afín a las estructuras criminales.
En ese sentido, el gobierno de Gustavo Petro (2022-actual) ha profundizado el error con su "Paz Total", un intento de negociación simultánea con todo tipo de estructuras criminales, tratándolas como actores políticos. El resultado ha sido una escalada de violencia sin precedentes: en 2025, se registraron 117 acciones violentas por parte del EMC de las disidencias FARC durante el cese al fuego, demostrando que estas políticas son vistas por los criminales como una señal de debilidad y una oportunidad para fortalecerse.
De la Desmovilización a la Fragmentación y el Caos
El trayecto desde el plebiscito de 2016 hasta el caos de 2025 es la historia de una concesión tras otra. Tras desconocer el resultado del "NO", el acuerdo se impuso vía fast track en el congreso, permitiendo el desarme de unos 13.000 miembros de las FARC, muchos de los cuales nunca abandonaron sus economías ilícitas. El supuesto "vacío de poder" no fue un imprevisto, sino la consecuencia lógica de desmovilizar a un cartel dominante para que su lugar fuera disputado por otros, como el Clan del Golfo, el ELN y las propias disidencias, todos financiados por el narcotráfico y la minería ilegal.
El gobierno Duque intentó corregir el rumbo, buscando modificar la JEP para evitar la impunidad total y priorizando la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la llegada de Petro en 2022 aceleró la claudicación. La "Paz Total" ha servido para que los grupos armados expandan su control territorial, que hoy abarca 376 municipios.
La pandemia y otras crisis globales son excusas que ocultan la verdadera causa: la expansión del gasto público, la burocracia ineficiente y, sobre todo, la decisión política de negociar en lugar de someter a los criminales. Los atentados en Cali y Florencia o el derribo de helicópteros policiales no son síntomas de un conflicto residual, sino de una guerra en toda regla, financiada por el narcotráfico y tolerada por el poder central.
Llegamos aquí por la ingenuidad de creer que se puede negociar con quienes desprecian la libertad y el Estado de Derecho. El fortalecimiento de facciones como el Estado Mayor Central (EMC) es el producto directo de un acuerdo que les mostró que la violencia y el crimen son un camino viable hacia el poder político y los beneficios económicos. El noveno informe del Instituto Kroc puede resaltar cifras de implementación, pero la realidad es la de más de 400 excombatientes asesinados —muchas veces por sus propios excompañeros en disputas criminales— y un país donde el gobierno civil ha perdido el control de vastos territorios.
Un Llamado a la Acción y la Reflexión
En conclusión, el Acuerdo de 2016 no fue un marco para la paz, sino un pacto con el crimen que ha deslegitimado el Estado de Derecho y ha costado billones de pesos. Para revertir esta trágica trayectoria, la única salida es abandonar la retórica de la "Paz Total" y la "seguridad humana".
Se requiere un liderazgo de múltiple instancia, con roles definidos tanto en la sociedad civil como dentro del gobierno civil, que no solo sea firme en restaurar el monopolio de la fuerza a través de las fuerzas militares, sino que garantice la seguridad de todos los ciudadanos y sus propiedades, y aplique la ley sin concesiones. La solución a los problemas de pobreza y sus derivados, vendrán con la creatividad de la iniciativa empresarial de los ciudadanos que pueden caminar libres, comerciar libres, y desarrollar sus territorios sin miedo.
Desde VerdaderaMente reafirmamos que el camino de la paz no puede desconocer la naturaleza del hombre, que es como dijo Juan Calvino, un bosque espeso, que siempre produce malezas y cardos, por lo que es necesario que los magistrados civiles se esfuercen, en impedir que tal desorden, que tal pecado siga extendiéndose en la sociedad. Si el gobernante civil dialoga con el malhechor, los buenos huyen en busca de libertad.
